El pasado 9 de marzo, entró en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, norma que traspone a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas europeas sobre contratación del sector público de 2014. Entre sus principales objetivos se encuentra el de dotar de mayor transparencia a este sector y el de aumentar los controles sobre morosidad, entre otros aspectos.En nuestro país, el volumen de contratación pública supone aproximadamente unos 200.000 millones de euros (20 % PIB), por lo es preciso disponer de un cuerpo normativo adaptado a las nuevas realidades y que de respuesta a las necesidades que, tanto contratistas como Administraciones, presentan.

Asimismo, con esta nueva norma se simplifican los trámites burocráticos para los licitadores y se mejora el acceso a la contratación a las pymes, reduciendo las cargas administrativas de todos los operadores económicos que intervienen en este ámbito. Por ello, entendemos que se trata de un texto que, aun teniendo sus carencias, viene a implantar una serie de medidas que garanticen calidad y eficiencia en un sector tan importante para nuestra economía.